Origen

La asociación es fruto de la defensa de los intereses del colectivo de Empleados Públicos, persiguiendo prevenir, detectar y sancionar el abuso de temporalidad, la no discriminación en las condiciones laborales y la estabilización del colectivo mediante REGULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA, teniendo en cuenta la normativa vigente Estatal y Europea.

El Objetivo fundamental, es la permanencia en su puesto de trabajo de los trabajadores públicos en “abuso” de temporalidad. Temporalidad ilícita al haberse superado el plazo “improrrogable” de tres años que marca el TREBEP en su artículo 70. Además, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE ) de 19/03/2020 indica que se ha de proporcionar estabilidad al empleado público abusado proveyéndole de un futuro cierto y estable.

Actualmente, lo que se recomienda desde el TJUE no se lleva a cabo, ni se contempla en los procesos de estabilización, Pues aboca a los EPA (Empleados Públicos en Abuso) a un futuro incierto, y, con la posibilidad de cese o pérdida de empleo. Esto se lleva a cabo, debido a que en la Ley 20/0201, no existe sanción. De ese modo, la administración sigue realizando prácticas fraudulentas de abuso de la temporalidad con sus empleados.

Con la aprobación del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y la posterior Ley 20/2021 de 28 de diciembre se quieren llevar a cabo medidas a futuro pero sin tener en cuenta los trabajadores que se encuentran en “abuso”. Permitiendo, que cada Comunidad Autónoma decida cómo llevar a cabo los procesos de estabilización, siendo dispares de una Comunidad a otra.

A día de hoy y con una Ley aprobada, se sigue SIN INSPECCIONAR, SIN SANCIONAR a las distintas ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, causantes de este problema, y SIN REPARAR EL DAÑO A LAS VÍCTIMAS (trabajadores en abuso). Además de NO REDUCIR LA TEMPORALIDAD ILÍCITA AL 0%.

Con esta Ley, están engañando a la Unión Europea, maquillando los datos e informando de una temporalidad lícita (necesaria) que puede quedarse en un máximo del 8%, pero sin mencionar la TEMPORALIDAD ILÍCITA que hay que erradicar.

La sentencia del TJUE deja en manos de los jueces la interpretación y solución jurídica para este personal, aunque deja unos puntos muy claros que no albergan dudas:

  • Los procesos selectivos no son sanción suficiente para la administración.
  • La figura de indefinido no fijo (INF) tampoco es sanción puesto que el trabajador sigue estando como temporal permaneciendo el abuso.
  • La indemnización de 20 días por año corresponde al despido procedente (lo que nos perjudica aún más) pues el despido improcedente es de 33 días por año. Por lo que, siguen sin ser suficientemente efectivas y disuasorias para la administración, ya que sigue “abusando” de una parte de sus trabajadores, y éstos siguen siendo castigados doblemente (no tener trabajo y no percibir una indemnización acorde a la normativa europea) al no ser indemnizados justamente si se culmina el cese.
  • La mejor opción para sancionar a las distintas administraciones y resarcir al trabajador del abuso padecido es la REGULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA (FIJEZA), en la que el trabajador permanecería en su puesto de trabajo hasta su jubilación sujeto a las mismas causas de cese que el funcionario de carreta o el laboral fijo. Esto es lo que se persigue desde la ASOCIACIÓN NACIONAL EPA (Empleados Públicos en Abuso).